Caixabank primera entidad en adherirse al protocolo para llegar a acuerdos express en las demandas de consumidores por cláusulas hipotecarias

El boom de demandas contra las entidades bancarias por las cláusulas supuestamente abusivas de los préstamos hipotecarios tiene totalmente colapsados a los juzgados uniprovinciales creados especialmente para tramitar estos asuntos. Por ejemplo, el juzgado de primera instancia 50 de Barcelona tiene pendientes más de 30.000 asuntos de los cuales más de la mitad están aún pendientes de admitir a trámite o incoar, con un total de 35.379 asuntos registrados. La media mensual de asuntos abiertos es de 1.769. Este juzgado creado especialmente en 2017 tiene seis jueces en comisión de servicios con relevación de funciones, dos letrados de la Administración de Justicia en la misma situación y 23 funcionarios más.

Con la finalidad de solucionar este grave problema, los jueces han decidido proponer a los bancos firmar protocolos de actuación con la finalidad de reducir la pendencia de los asuntos sobre las condiciones generales incluidas en los contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.

El primer banco en adherirse ha sido Caixabank con los juzgados de primera instancia de Navarra y con el 50 de Barcelona. En este segundo caso, la idea es promover pactos exprés en los asuntos en que hay doctrina legal clara del Tribunal Supremo, esto es, sobre la validez de las cláusulas de comisión de apertura, vencimiento anticipado, intereses moratorios y gastos de hipotecas y sobre las cantidades a reintegrar al prestatario-consumidor. En este caso se prevé que, cuando se incoe una demanda de este tipo, el juzgado dará traslado al banco por correo electrónico antes de la admisión formal a trámite para que, en un plazo de 20 días hábiles, haga llegar una oferta a la dirección letrada del actor proponiendo las cláusulas que la entidad está dispuesta a reconocer como ineficaces, así como la suma concreta que propone reintegrar al prestatario. Si el actor acepta y se formaliza el acuerdo, la representación de la parte actora deberá presentar escrito de desistimiento el cual se acordará sin imposición de costas. En caso de no llegar a acuerdo, el procedimiento seguirá por los cauces legales habituales, pero el juez podrá tener en cuenta los términos de esta negociación previa “inter partes” a efectos de imposición de costas.

De esta forma se pretende reducir drásticamente los asuntos pendientes de resolución con las mínimas actuaciones judiciales posibles. El principal obstáculo que ven los jueces para el futuro éxito de esta medida es la negativa de los propios consumidores presentantes de las demandas a formalizar estos acuerdos.

 

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Ricard Ruiz López

Socio director. Llicenciado en Derecho por la Universitat de Barcelona. Procurador de los Tribunales.

Revés a la banca española por parte de la justicia europea

El abogado general de la Unión Europea, Maciej Szpunar, consideró que el Índice de Referencia de los Préstamos Hipotecarios (IRPH) no es un índice transparente por el simple hecho de ser oficial y, por tanto, los jueces pueden estudiar si es abusivo o no.

Las conclusiones del abogado europeo contradicen la doctrina del Tribunal Supremo español que consideró que los clientes que habían firmado hipotecas con esta cláusula habían sido bien informados y, por tanto, eran válidas y no implicaban falta de transparencia ni abusividad. Así, se abre la puerta a una nueva ola de demandas que podría costar miles de millones a la banca. Sin embargo, esto no es definitivo, ya que ahora deberá pronunciarse el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), si bien, este suele seguir las recomendaciones del abogado general. Si, finalmente, el Tribunal considera el IRPH como una cláusula abusiva, serán los jueces españoles los que deberán determinar si las entidades comercializaron con transparencia los préstamos hipotecarios. La resolución definitiva se espera para el primer trimestre del año 2020.

Más información: Conclusiones IRPH Abogado General UE

Nueva web

Ruiz Castel apuesta por el online facilitando el acceso a la información y los servicios a través de su web

Nueva web

Ruiz Castel actualiza su web para facilitar el acceso a la información y los servicios e inaugura un perfil en la red social de LinkedIn para ofrecer un servicio más cercano y directo a sus clientes.

La actualización de la web, que pretende ser más usable y accesible para los usuarios, pone al alcance de los clientes toda la información que necesitan para contratar y conocer los servicios de la procuraduría.

De este modo, en la página web se puede encontrar un apartado con información del equipo de trabajadores, así como de los servicios que se ofrecen, una sección restringida a los clientes, el Área Cliente, y consultoría online. Finalmente, también se actualizará con frecuencia un apartado de noticias con las últimas novedades del sector y de interés para los usuarios.

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El ciudadano no está solo ante la Ley

Desde hace mucho tiempo, ha habido una barrera que ha distanciado al ciudadano y al abogado, no exenta de prejuicios. Estos se han alimentado por lugares comunes como su coste elevado, la poca claridad de la relación entre profesional y cliente, o la corruptibilidad de su conducta. A pesar de ello, la sociedad valora positivamente su trabajo.

Así, en el V Barómetro Externo de la Abogacía, estos profesionales volvieron a quedar en primer lugar entre todas las instituciones jurídicas sometidas a evaluación pública. El propio Barómetro llama la atención acerca de Estados Unidos, donde la Abogacía está muy bien considerada únicamente por el alto nivel medio de honorarios que ha logrado consolidar. Sin embargo, está en las últimas posiciones en el ranking de confianza ciudadana.

La incomprensión que a veces sufre el abogado no es algo aislado en todo el sistema jurídico en el que vivimos. En este sentido, el V Barómetro Externo de la Abogacía contiene en sus conclusiones datos que atestiguan que los abogados tienen que dar resultados a sus clientes a través de un sistema no exento de defectos:

  • El 82% de los ciudadanos piensa que el lenguaje y los procedimientos de la Justicia son excesivamente complicados y difíciles de entender para el ciudadano medio.
  • El 80% de los ciudadanos piensa que, en general, la Justicia sigue sin estar organizada y sin funcionar como cabría esperar en una sociedad moderna y avanzada.
  • Para el 77%, con los medios existentes y su actual forma de funcionar nuestra Justicia no puede contribuir con la eficacia y rapidez que debería a investigar y castigar la corrupción.
  • Un 73% sostiene que en muchas ocasiones no sirve de nada ganar un pleito, porque en la práctica la sentencia es papel mojado ya que o no se cumple o se cumple tarde y mal.

 

No obstante, esta “mala fama” de los abogados, que no se refleja en el Barómetro del Consejo General de la Abogacía, pero que es patente en ocasiones, tan generalizada como injusta, ha tenido un momento de cambio en positivo en los últimos tiempos, sobre todo en el marco de dos grandes campos; el hipotecario y los productos bancarios.

La mayor visibilidad del trabajo del abogado en pro no solo de la defensa de su cliente, sino con vocación de cambiar las inercias de considerar a la banca como un titán invencible ha ido suavizando la actitud de la sociedad hacia los profesionales del Derecho. Podemos decir, sin temor a exagerar, que la sociedad se ha ilusionado con la Abogacía. Y no es desacertado, porque no han sido los profesionales de grandes despachos, con visibilidad en los periódicos o miembros de lobbys los que han logrado dar campanazos contra las malas prácticas bancarias; pero también contra los políticos corruptos o los abusos en el mundo del trabajo; sino frecuentemente abogados de despachos pequeños, o que trabajan solos, o con pocos años de experiencia.

Este tipo de profesionales está dando lustro a una profesión que es necesaria, útil y noble. Poco a poco, y gracias a campañas como la activada por el Colegio de Abogados de Madrid en verano de 2016 acerca de la llamada “Abogacía preventiva”, se está logrando reforzar el prestigio de la profesión, subrayando la importancia de la función preventiva de la Abogacía, al concienciar a los ciudadanos que la consulta madrileña de las ventajas de tener asesoramiento profesional de forma preventiva, reconociendo a los abogados como el profesional que es capaz de guiar con mano firme entre todas las dudas y hasta los miedos que surgen en medio de una contratación, una compra venta, una herencia o una denuncia.

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Criterios unificadores del juzgado de primera instancia número 50 de barcelona en materia de cláusulas abusivas en préstamos hipotecarios

Los magistrados del Juzgado de Primera Instancia número 50 de Barcelona, han unificado criterios en materia de cláusulas abusivas en préstamos hipotecarios, referentes a:

– Cláusula de gastos de constitución de hipoteca.

– Cláusula de vencimiento anticipado

– Cláusula de intereses de demora

– Hipotecas multidivisa e IRPH

– Cláusula relativa a los límites de variabilidad del tipo de interés

– Costas.

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Nuevos criterios de admisión del tribunal supremo para el recurso de casación

El pasado día 27 de enero de 2017, el Pleno no jurisdiccional del Tribunal Supremo, acordó los nuevos criterios de admisión para el recurso de casación.

Este acuerdo es vinculante y sustituye el del 30 de diciembre de 2011

Criterios

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Conclusiones de unificación de criterios en relación al juicio verbal después de la reforma de la ley 42/2015

Los Juzgados de Primera Instancia han unificado criterios en relación al juicio verbal después de la reforma de la Ley 42/2015.

Criterios

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Acuerdo del CGPJ sobre juzgados provinciales para resolver los procedimientos sobre las cláusulas suelo

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, llegó a un acuerdo el pasado 25 de mayo de 2017, por el que se atribuye a determinados juzgados, con competencia territorial indicada para cada uno de los casos, para que de manera exclusiva y no excluyente conozcan de la materia relativa a las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.